El Ministerio encabezado por Teresa Ribera ha establecido requisitos más estrictos para obtener la Declaración de Impacto Ambiental, luego de tramitar 60.000 MW de nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas que se espera entren en operación en 2025. Ha habido un aumento en las protestas por la presencia de estas instalaciones y se espera que los movimientos de protesta aumenten si no se realizan análisis de impacto ambiental adecuados.
Las modificaciones aprobadas por el Gobierno no se aplicarán a los proyectos presentados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 445/2023 el 15 de junio. Esos proyectos seguirán siendo regulados por la normativa anterior.
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