Resulta incontestable que la integración de los criterios ESG es un tema prioritario para todas las organizaciones. La sostenibilidad ha adquirido progresivamente mayor relevancia hasta convertirse en un eje estratégico dentro del negocio fruto del impacto positivo que tiene en sus stakeholders y en sus propios resultados económicos.

Ante esta realidad, una de las iniciativas que está logrando un gran protagonismo por parte de las compañías es la adaptación de sus sistemas de retribución variable a los criterios ESG. De manera histórica, los objetivos de la retribución variable se vinculaban exclusivamente a métricas financieras como el nivel de ingresos o beneficios, pero, en los últimos años, se ha vislumbrado un rediseño de estos planes con la inclusión de métricas vinculadas a criterios ESG.

Así lo refleja un artículo publicado por El Economista en el que se recoge el informe La gestión de los aspectos ESG en las empresas cotizadas, elaborado por la consultora Transcendent, y que determina que el 54% de empresas del Ibex 35 contaba a cierre de 2020 con algún sistema de remuneración variable ligado al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad. Fuera del índice, el 18% de las empresas cotizadas españolas tenía bonus vinculados al desempeño en aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.

En esta línea, los grandes bancos españoles ya han incorporado los criterios ESG a sus políticas en materia de retribución. En el caso de BBVA, se aprobó una nueva política de remuneraciones que incluye métricas relacionadas con la sostenibilidad en la retribución variable de los consejeros ejecutivos relacionada sobre todo con la movilización de financiación sostenible. Por su parte, el Banco Santander vincula los bonus de sus consejeros ejecutivos a diferentes objetivos cuantitativos como el retorno sobre capital tangible (RoTE), pero este ratio a su vez está sometido a una evaluación cualitativa que amplía o reduce su alcance, y que incluye el grado de avance de los compromisos asumidos para impulsar la agenda de banca responsable del grupo tal y como recoge este artículo de El País. Asimismo, Mapfre recientemente acaba de comunicar incluirá el cumplimiento de los mismos como parte de la retribución variable de los 250 principales directivos del Grupo en el mundo.

Y es que muchos inversores apoyan e incluso instan a aplicar estos cambios. Según un artículo de Harvard Law School Forum on Corporate Governance, el 86% de los inversores consideran que las métricas ESG son una medida adecuada para incentivar a los ejecutivos en línea con una encuesta publicada por Institutional Shareholder Services (ISS).

Pero no se trata de meras recomendaciones, existe extensa literatura e investigaciones que determinan que la integración de los criterios ESG está relacionada con un menor coste del capital. En este sentido, el paper Relationship between the Cost of Capital and Environmental, Social, and Governance Scores: Evidence from Latin America determina que cuanto mayor sea la práctica de ESG, menor será el precio económico de la empresa para atraer capital.

Asimismo, esta investigación pone de manifiesto que un aumento de la transparencia en referencia a los procesos internos y sus procesos de gobernanza podría convertirse en un motor esencial para la creación de valor para las empresas y una mayor confianza de los inversores.

Por todo ello, elegir KPIs significativos es fundamental. Los inversores solicitan que las empresas tengan objetivos ESG cuantificables y medibles y que revelen por qué creen que los objetivos elegidos son los más importantes para ellos, según señala el informe de ISS anteriormente citado. Para lograr la combinación adecuada, es importante que los directivos elijan cuidadosamente estos KPIs ESG en sus programas de retribución para que repercutan de manera positiva a la compañía y bajo ningún concepto puedan ser percibidos como meras acciones de greenwashing.

Con todo esto en mente, resulta evidente que la mayoría de las empresas tendrá que hacer frente a este nuevo escenario y abordar el reto que implica la redefinición de sus políticas retributivas a elementos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, o definir unas nuevas que tengan en cuenta estas variables.