El desarrollo de una normativa única que impulse la definición de lo que es una actividad sostenible es una máxima que ambicionan conseguir las instituciones públicas. En este aspecto, en 2020 se publicó un reglamento con una Taxonomía por parte de la Unión Europea en el que se establecía una clasificación de aquellas actividades económicas ambientalmente sostenibles. Así, se pretendía facilitar la identificación a las empresas y a los inversores de productos e inversiones sostenibles con el objetivo de dirigir los flujos de capital hacia actividades verdes y evitar el denominado greenwashing. Para ello, en enero de 2022 entró en vigor una primera clasificación de actividades ambientalmente sostenibles vinculada a actividades que favorecen la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.

El reglamento recoge seis objetivos: la mitigación del cambio climático; la adaptación al cambio climático; el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; la transición hacia una economía circular; la prevención y el control de la contaminación, y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Así, el marco de la Taxonomía por el momento sólo contempla objetivos de sostenibilidad ambiental y, por lo tanto, categoriza las actividades ambientalmente sostenibles. En este aspecto, para que una actividad sea considerada sostenible debe favorecer alguno de los 6 objetivos establecidos y lo más relevante: que sea evidente que no perjudique al resto cumpliendo con las garantías sociales mínimas.

Pero este planteamiento no tiene en consideración las características neutras o negativas de las actividades que no cumplen los criterios de sostenibilidad anteriormente mencionados, ni tampoco cubre una gran variedad de actividades que están fuera del ámbito de aplicación y que se han definido como «no elegibles para la Taxonomía». De este modo, la Taxonomía se estima que incluye entre el 1% y el 5% de actividades según un artículo de Harvard Law School Forum on Corporate Governance. Además, cabe destacar que, entre todas las actividades que no cumplen los requisitos de la Taxonomía, el sistema no distingue entre las que perjudican al medio ambiente y las que simplemente no superan la prueba de sostenibilidad.

Ante este contexto, el pasado 29 de marzo de 2022, el grupo de expertos de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles publicó dos documentos adicionales. Por una parte, un Informe final sobre la Extensión de la taxonomía en apoyo de una transición sostenible y por otra las Recomendaciones sobre los cuatro objetivos medioambientales restantes que aún no tienen un detalle de actividades favorecedoras de su desarrollo.

En referencia al primer documento, la Plataforma recomienda introducir nuevas categorías en la Taxonomía y graduar su enfoque para que abarque potencialmente toda la economía. Para facilitar la comprensión de esta nueva estructura, el informe sugiere un esquema de colores de semáforo, que podría ser fácil y universalmente comprensible. Un artículo de Investment & Pensions Europe, explica este planteamiento al añadir una categoría de transición (ámbar) y otra perjudicial (roja). Además, se incluye una clasificación de las actividades de bajo impacto ambiental -que suponen alrededor del 30% de todas las actividades económicas de los mercados- que no deberían considerarse ni rojas, ni ámbar, ni verdes, ya que, pese a que el actual marco ya establece diferentes niveles de rendimiento medioambiental, este no los etiqueta claramente, ni los hace fácilmente aplicables por los mercados y otros agentes financieros. A estas peticiones, el grupo de expertos también sugirió el desarrollo de una guía de transición a nivel de actividad y de entidad.

Con esta inclusión, el objetivo es impulsar la financiación de la transición ecológica y ayudar a las empresas a desbloquear los fondos necesarios. Al hacerlo, la Plataforma reconoce la naturaleza dinámica de la taxonomía y la importancia de comprometerse con todas las empresas, independientemente de su rendimiento inicial.

Respecto al segundo documento, el informe contempla recomendaciones relativas a los criterios técnicos para los objetivos 3 a 6 que hacen referencia a la transición a una economía circular; prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas. En consecuencia, se han elaborado nuevos criterios para cerca de 60 actividades económicas de 12 sectores diferentes. La priorización se ha basado en un análisis de la magnitud de su impacto y su potencial de mejora para cada uno de los objetivos.

Tras la presentación de ambos informes, ahora corresponderá a la Comisión decidir si se amplía la Taxonomía y cómo, aunque las mismas son diferentes. En el primero de los casos, se trata de una propuesta de futuro más de reflexión sobre la usabilidad y ampliación de la taxonomía recogida en el reglamento general. Por el contrario, en el segundo de los casos se trata de una propuesta prevista dentro del calendario de desarrollo de la taxonomía y que se espera que se siga desarrollando este mismo año para que entre en vigor en enero de 2023. Asimismo, es posible que en el futuro también se incluyan otras actividades al tiempo que se reflexione en torno a la interacción entre la Taxonomía y otras partes de la arquitectura financiera sostenible de la UE, como la Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas.