Mientras seguimos combatiendo una pandemia con un altísimo coste humano y que ya está impactando gravemente en la economía, no parece existir un quórum entre gobiernos, ciudadanos y expertos sobre cuáles deben ser nuestras prioridades.

Así quedó acreditado en un reciente webinar de la Royal Economic Society, en que el economista del MIT Daron Acemoglu y el Nobel de Economía Jean Tirole coincidieron en que, pese a que el COVID-19 ha hecho aflorar la poca eficiencia de las instituciones y los bajos niveles de confianza de la sociedad en las mismas, hay signos de que no hemos aprendido nada.

Tirole lamentó por ejemplo que, ante la oportunidad de oro de incrementar la coordinación global no solo en materia social sino también en la lucha contra el cambio climático, Europa haya vuelto a elegir resolver esta crisis mediante recetas en clave nacional. Y Acemoglu fue más allá, considerando que el actual contexto geopolítico nos avoca a una elección para la que no existe un consenso global: dar pasos atrás en el proceso de globalización o tender hacia una mayor coordinación internacional.

Un artículo publicado hace unos días en Financial Times también hace aflorar contradicciones en la visión de los propios expertos. En él, Christiana Figueres, ex-responsable de la ONU en materia de clima, considera imperativo integrar las soluciones a la pandemia y a la emergencia climática en una respuesta coherente, convencida de su interconexión. En contraste, Benjamin Zycher, resident scholar del American Enterprise Institute, se muestra convencido de que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero frenaría el crecimiento económico y la generación empleo al aumentar el precio de la energía convencional.

La ambigüedad o contradicción de ciertos diagnósticos contrasta con la rotundidad de algunas posturas sobre el mundo hacia el que nos conducimos. En uno de sus últimos informes, McKinsey señala por ejemplo que, en tanto que el calentamiento global va a seguir agravándose de forma inevitable durante la próxima década, las posibilidades de que se produzcan riesgos físicos y sacudidas socioeconómicas no lineales como la del COVID-19 están aumentado.

Otras voces fundamentan sólidamente la correlación entre el cambio climático y el riesgo de repetición de crisis como la que atravesamos. En una reciente entrevista para El Confidencial, Fernando Valladares, investigador del CSIC, director del grupo de Ecología y Cambio Global de la entidad y uno de los ponentes que participó el pasado mes de enero en el acto inaugural de Finresp, explica cómo la desaparición de los hielos hace surgir nuevos patógenos o cómo la desertificación favorece que el polvo del desierto los transporte más lejos. Estos dos ejemplos demuestran que dañar al ecosistema reduce la efectividad de la que Valladares considera nuestra mayor red de protección: la naturaleza, que mantiene las condiciones físicas, químicas y biológicas para reducir la carga vírica a la que estamos expuestos los seres vivos.

Frente a este debate, entre la gravedad del problema y la falta de claridad sobre la solución, en Finresp estamos alineados con posicionamientos como el del grupo de expertos técnicos sobre finanzas sostenibles de la Comisión Europea (TEG), que defiende en su última declaración la necesidad de poner el Green Deal en el centro de la hoja de ruta para la recuperación europea de la pandemia.

La llamada a la acción inmediata del TEG ante la oportunidad de lograr una recuperación económica resiliente, sostenible y justa está alineada también con la declaración GREENRECOVERY, que acaban de suscribir 180 políticos, representantes de grandes empresas y entidades financieras e integrantes del tercer sector y de distintos think tanks. Todos ellos coinciden en que las grandes inversiones posteriores al COVID-19 deben dar pie a un nuevo modelo económico europeo más resiliente, protector, soberano e inclusivo y basado en principios verdes.