El Economista se hace eco de la previsible entrada en vigor en 2023 de la nueva Ley europea de debida diligencia en la cadena de suministro para prevenir las violaciones de los derechos humanos y de la legislación medioambiental. A su vez, recala en la importancia de la inversión ESG a nivel mundial, así como en la recién estrenada estrategia de finanzas sostenibles de la Comisión Europea, en la que se recapitulan iniciativas para hacer frente a los retos ambientales, e incentivar la inversión en productos sostenibles o la inclusión de las pymes en la transición hacia una economía sostenible.

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