En la presentación oficial del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (Finresp) celebrada el pasado 23 de enero en Madrid se evidenció y manifestó el compromiso del sector financiero español en la lucha contra el cambio climático, así como el aún elevado grado de incertidumbre sobre cómo contrarrestar este reto global.

Sobre los riesgos físicos, es aún abundante la falta de certezas sobre los cambiantes patrones espaciales y temporales de eventos climáticos tales como precipitaciones, temperaturas extremas, sequías, ciclones e inundaciones, más allá de constatar que la inestabilidad crece y que los eventos catastróficos serán mayores. Los eventos extremos tendrán un mayor (y más inminente) impacto en sectores más expuestos o dependientes del clima como los relacionados con el agua, la agricultura y la seguridad alimentaria, la silvicultura, la salud y el turismo, pero no sólo.

La transformación hacia un modelo económico más resiliente y sostenible supone, como condición necesaria aunque no suficiente, avanzar en la descarbonización energética y optimizar el uso de la energía, así como actuar sobre otros elementos que condicionan cómo producimos (procesos industriales), cómo consumimos, cómo nos movemos (transporte, planificación urbana)y cómo vivimos (edificios). Los costes de la transformación se estiman elevados, así como desiguales en su distribución, por lo que es preciso diseñar una transición ordenada y equitativa.

A nivel europeo se estiman unas necesidades de inversión en materia de energía y clima de 180.000 millones de euros anuales adicionales durante la próxima década. A nivel nacional, las estimaciones establecen que en el mismo periodo 2021-2030 las inversiones adicionales alcanzarán los 19.000millones de euros anuales en promedio.

Las inversiones globales hasta la fecha, no obstante, se han estabilizado tras años de continuo descenso, y permanecen en un nivel insuficiente. Por ello, buena parte de esa inversión adicionaln ecesaria habrá de provenir del sector privado y de los hogares, quienes precisan, para guiar sus decisiones de inversión y acciones, señales claras, coherentes y de largo alcance temporal de las autoridades públicas, de las que se espera asimismo medidas que reduzcan los riesgos inherentes a dichas inversiones. La escala y el alcance de la acción gubernamental en materia de cambio climático va a definir la velocidad con la que avanzaremos hacia una economía baja o neutra en carbono.

Resulta por tanto preciso imprimir una mayor velocidad al cambio a través de una acción decidida de todos los agentes (públicos y privados, financieros y no financieros), evitando decisiones precipitadas o improvisadas que amenacen la estabilidad financiera o produzcan la exclusión de segmentos sociales, sectores económicos o áreas geográficas más vulnerables.

La coordinación de agentes que reduzca el riesgo de incurrir en sobrecostes para alcanzar el objetivo de la descarbonización de la economía es por tanto un atributo esencial que exige el nuevo modelo al que nos enfrentamos como sociedad.

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